Intolerancia y agresividad verbal

La sociedad argentina está demostrando un grado de intolerancia verbal que sorprende hasta al mejor estudioso de la Lengua. Como consecuencia de esta actitud la agresividad y la incapacidad para mantener un diálogo coherente se manifiesta hasta en las conversaciones aparentemente más superfluas.
Los medios de comunicación televisivos emiten programas en donde sus participantes asumen posturas a la defensivas cuando alguien les sugiere una serie de recomendaciones para mejorar las “performance” artísticas pero además, los periodistas, realizan entrevistas procurando lograr de sus entrevistados la confirmación de sus propias hipótesis.
Por otro lado está la descalificación permanente a quienes tienen visiones diferentes sobre la realidad actitud que sugiere un grado de autoritarismo verbal nunca visto en la sociedad nacional.
Resulta emblemático en este sentido, el mal momento que tuvo que vivir la Dra.cubana Hilda Molina en el Congreso de la Nación cuando, invitada por un grupo de parlamentarios, asistió al recinto con la intención de exponer sobre la situación de su país lo cual derivó en una acalorada discusión con grupos que se oponían a su experiencia y vivencia de la realidad cubana.
La Dra. Molina consideró que "la población cubana está enferma y psicológicamente desgastada" porque "no se pueden vivir 50 años sin libertad" y agregó que en la isla hay una "excelente salud para extranjeros y funcionarios" ya que "si uno paga, recibe mejores servicios". Sin embargo, un joven, con la inmadurez propia de su edad, increpó a la Dra. Molina y le replicó diciendo que “el mes que él estuvo en Cuba”, le permitían asegurar que lo que la Dra. decía no tenía fundamentos. A tal enfrentamiento se sumó la sra. Estela de Carlotto, activa militante de las Madres de Plaza de Mayo, quien le recomendó “llamarse a silencio y disfrutar de su familia”
Opiniones de Periodistas cree que sólo un diálogo respetuoso a los puntos de vista de los demás permitirá desentrañar dudas y lograr lo mejor de cada uno en la búsqueda de la excelencia humana.
Estamos convencidos que la intolerancia y la agresividad verbales sólo remiten a los comportamientos más prehistóricos del Hombre donde las desavenencias se arreglaba por la fuerza. Creemos que para crecer como sociedad es fundamental respetar la opinión del otro en especial cuando hay datos objetivos, como en el caso cubano, que informan sobre la realidad de la Isla. No en vano hay más del 10 % de la población en el exilio.
Desde esta columna apostamos fervientemente a realizar un análisis crítico sobre cómo nos estamos manejando en el campo de la comunicación y sostenemos que la objetividad de los análisis debe pasar, necesariamente, por los datos de la realidad.
La intolerancia y la agresividad verbal son actitudes propias de seres irracionales que pretenden desarticular a sus interlocutores con actitudes autoritarias y de desprecio a la opinión de los otros. Y creemos que esto no conduce a nada positivo.
La dialéctica, o sea, el arte de dialogar, discutir y argumentar requiere de una preparación intelectual que pocos están dispuestos a asumir. Sabemos que demanda esfuerzo y trabajo pero es la única manera que concebimos para el normal desarrollo de la sociedad.-

El País de España contra la ley de radiodifusión

El nuevo proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que ha puesto en marcha en Argentina el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner revela en su articulado la voluntad de algunos mandatarios latinoamericanos de utilizar el poder para favorecer un ordenamiento legal destinado a limitar, si es que no a silenciar definitivamente, las críticas adversas.
Hace muy poco, el fiscal general de Venezuela llevó al Parlamento una iniciativa mucho más agresiva: un proyecto de ley que abre la posibilidad de llevar a la cárcel a cuantos divulguen informaciones que "pueden atentar contra la estabilidad de las instituciones del Estado", una fórmula vaga en la que se podría escudar la represión de cualquier contestación a la revolución bolivariana que lidera Hugo Chávez.
El caso argentino no va tan lejos. Lo que empezó allí como una batalla contra el grupo Clarín por los derechos del fútbol, y que se presentó después como una medida estratégica para evitar la concentración excesiva de poder en algunos medios, ha terminado por convertirse en una propuesta fuertemente estatalista, que atomiza el sector privado y le obliga a depender de la arbitraria renovación de las licencias, válidas durante 10 años. Pasado el plazo, y como ya ocurrió en Venezuela, es fácil recurrir a la fórmula legal para cancelar los permisos de los medios díscolos.
También el Gobierno de Rafael Correa ha desempolvado una ley especial, que se estableció en Ecuador en 1975 durante la dictadura de Rodríguez Lara, para emprender procesos judiciales contra algunos medios.
En la Bolivia de Evo Morales se teme que en la anunciada reforma judicial que se producirá tras las elecciones de diciembre, en la que previsiblemente volverá a ganar, se incluya también un apartado que permita silenciar a cualquier rival.
Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, fue muy claro este fin de semana: acusó a los periodistas de servir ´a los enemigos del pueblo´. ´Apaguemos el televisor y tengamos la mente limpia. No es necesario leer periódicos´ ha sido, por su parte, la fórmula de Correa que, como presidente de turno de Unasur, quiere proponer la creación de un organismo regional para vigilar el trabajo de los periodistas.
Agresiones físicas, acoso judicial, asfixia económica (negando publicidad institucional o subiendo los impuestos al papel), cierre de medios. El último paso de los regímenes populistas latinoamericanos es acomodar la ley a sus intereses y acabar con la libertad de expresión. Pero sin esa libertad no hay democracia, como no la hay si no se refuerza la independencia del poder judicial y se cultiva la pluralidad.
Algunas fuerzas de izquierda, que apoyan esta deriva autoritaria defendiendo que se hace con el apoyo del pueblo, deberían recordar que tan sólo con las urnas o con la voz directa de las asambleas no se construye una democracia. Para que funcione es imprescindible la libertad de expresión, el derecho de la minoría a discrepar y la fortaleza de las instituciones del Estado de derecho.
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