Cortes en los accesos a la Capital, advertencias de un recrudecimiento de la lucha en los próximos dos meses y la amenaza de boicotear los actos presidenciales en el conurbano. Esa fue la respuesta de las organizaciones piqueteras no kirchneristas un día después del anuncio de la decisión oficial de extender las asignaciones familiares a los hijos de desocupados y trabajadores en negro.
No es que los movimientos de base rechacen el beneficio económico de 180 pesos para los menores, lanzado anteayer por la Presidenta ?aunque sí cuestionan que los fondos salgan de la Anses?, sino que denuncian haber perdido la batalla contra los intendentes del conurbano por el acceso al multimillonario plan de cooperativas anunciado en agosto por Cristina Kirchner. Culpan de eso al Ministerio de Desarrollo Social, que conduce Alicia Kirchner, al que acusan de haber preferido el "manejo clientelar" de los 9000 millones de pesos del plan, en detrimento de los intereses de los más necesitados.
El fin de la tregua entre el Gobierno y los piqueteros no oficialistas se dio a conocer anteanoche mediante un comunicado de unas 20 organizaciones que habían logrado un principio de acuerdo con Desarrollo Social por el plan de cooperativas, pero se concretó ayer con cuatro cortes simultáneos de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) en los puentes Pueyrredón y Saavedra, que conectan la Capital con los partidos de Avellaneda y Vicente López, respectivamente, y la intersección de las avenidas Juan B. Alberdi y General Paz, que sirven de acceso a La Matanza, y de la avenida Gaona con la ruta 23, en Moreno.
El caos vehicular en la Capital se completó con las manifestaciones de familiares de las víctimas de Cromagnon, que marcharon desde plaza Miserere hasta Tribunales; una clase pública de estudiantes en Alsina y Entre Ríos, y en Hipólito Yrigoyen al 3200, y fue coronado con una movilización de organizaciones sociales y partidos de izquierda desde el Obelisco hasta la Jefatura de Gobierno porteño. Exigieron la disolución de la Policía Metropolitana y la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP).
La situación empeorará en noviembre y diciembre, según la advertencia de las 20 organizaciones piqueteras que dicen haber sido dejadas de lado por el Gobierno en el reparto de los planes de cooperativas. "Anunciamos el recrudecimiento del conflicto social por irresponsabilidad del Gobierno", alertó el comunicado, firmado, entre otros, por el Frente Popular Darío Santillán y el Frente Territorial 26 de Junio, el MTL Rebelde y el MTD Aníbal Verón Nueva Fuerza.
Al cierre de esta edición, referentes de estas organizaciones analizaban las medidas por tomar a partir de la semana próxima, que podrían incluir un campamento permanente frente a Desarrollo Social, pero que seguramente comprenderán nuevos cortes en los accesos de la Capital, esta vez, junto a otras fuerzas que nunca avanzaron en las negociaciones por las cooperativas con el Gobierno, como el Movimiento Barrios de Pie, el Movimiento Territorial de Liberación y la CCC. La unión podría darse a partir de la segunda semana de noviembre.
No obstante, el plan de protesta más ambicioso que tienen entre manos involucra el boicot de los actos que la Presidenta encabece en el conurbano, "porque configuran una burla a la dignidad de un pueblo que espera poder trabajar", según dijeron.
La idea, pensada originalmente como un elemento de presión, podría tomar fuerza si se mantiene el silencio en Desarrollo Social. Las organizaciones apuntan a la vicejefa de Gabinete de la cartera, Yeni Amaya, a quien le atribuyen haberse comprometido para que los 100.000 puestos de trabajo cooperativos no quedaran sólo en manos de los intendentes. LA NACION intentó consultar al ministerio desde la aparición del comunicado, pero no obtuvo respuesta.
"Los vemos pasar"
Los jefes barriales reconocen que siguen las inscripciones de trabajadores en el conurbano, aunque acotadas dentro de la red del PJ. "Vemos pasar a las camionetas del ministerio por los barrios. Siguen anotando a gente de los punteros, mientras a las organizaciones con cooperativas ya armadas nos dicen que está todo frenado, por errores administrativos ", denunció Federico Orchani, de la Cooperativa Darío Santillán.
"Ya teníamos los papeles listos y la gente desesperada por volver a sentirse útil", afirmó Carlos Bértola, del CTD Aníbal Verón, para cerrar: "Cuando anunciamos en asamblea que el Gobierno había frenado los planes, la gente casi nos mata. Las posturas están radicalizadas".
Así, de poco sirvió el anuncio oficial de la universalización de asignaciones familiares. "El problema de este gobierno con las políticas sociales no son los anuncios, sino que no cumplen o amoldan los planes al reforzamiento de su estructura política", dice el comunicado piquetero.
Marcelo Veneranda
LA NACION
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